Un vecino se quejaba hace unos días en Twitter de que le habían roto la ventanilla de su coche para robar en el estacionamiento del Ferial de Boadilla, y denunciaba la poca seguridad en la zona: “lamentable que no podamos tener seguridad en este parking”, haciendo referencia a la ausencia de cámaras de vigilancia en el lugar.
Aludido el Ayuntamiento de Boadilla en este comentario, la cuenta del Consistorio aclaró, tras lamentar el incidente, que las cámaras en la vía pública las autoriza la Delegación del Gobierno, y que en la actualidad “no tenemos ninguna zona que justifique su instalación en base a sus requisitos”.
Es decir, el Ayuntamiento de Boadilla, aunque quisiera, no puede instalar cámaras de seguridad en una zona en la que se cometen robos porque la Delegación del Gobierno impone unos criterios que tienen que cumplirse para justificar la instalación de estas.
Algo tiene que cambiar si la seguridad ciudadana está a merced de los caprichos burocráticos y normativos de una administración dependiente del Gobierno de España.
