El ex alcalde de Boadilla del Monte se enfrenta a un nuevo juicio como consecuencia de la denuncia del Grupo Municipal Socialista.
Los hechos se remontan al año 2001, cuando Arturo González Panero, en su condición de alcalde, nombra a Raúl de Diego conserje interino. En enero de 2002 el Ayuntamiento advierte de la ilegalidad de dicho nombramiento. Posteriormente, el Grupo Municipal Socialista presenta la denuncia en el juzgado de primera instancia nº4 de Móstoles.
Los acusados vulneraron, presuntamente, la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las Administraciones locales. Según el PSOE, dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y, después de su elección, no se aprobó oferta de empleo público del Ayuntamiento o del Patronato en la que se incluyera el puesto de trabajo de conserje.
Los hechos descritos constituyen un presunto delito de prevaricación. La fiscalía pide para los acusados 2 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa consistente en una cuota de 12 euros diarios durante 8 meses. El grupo socialista solicita en su acusación siete años de inhabilitación y multa de 20 euros diarios durante ocho meses.
Pablo Nieto, portavoz socialista, ha declarado al respecto que «Este caso es un buen ejemplo de como el gobierno del PP consideraba el Ayuntamiento una entidad de su exclusiva propiedad. Un lugar para colocar impunemente a amigos y simpatizantes, donde las virtudes de mérito y capacidad nada valían frente a la sumisión y la docilidad ante las imposiciones del ex alcalde».
Los hechos se remontan al año 2001, cuando Arturo González Panero, en su condición de alcalde, nombra a Raúl de Diego conserje interino. En enero de 2002 el Ayuntamiento advierte de la ilegalidad de dicho nombramiento. Posteriormente, el Grupo Municipal Socialista presenta la denuncia en el juzgado de primera instancia nº4 de Móstoles.
Los acusados vulneraron, presuntamente, la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las Administraciones locales. Según el PSOE, dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y, después de su elección, no se aprobó oferta de empleo público del Ayuntamiento o del Patronato en la que se incluyera el puesto de trabajo de conserje.
Los hechos descritos constituyen un presunto delito de prevaricación. La fiscalía pide para los acusados 2 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa consistente en una cuota de 12 euros diarios durante 8 meses. El grupo socialista solicita en su acusación siete años de inhabilitación y multa de 20 euros diarios durante ocho meses.
Pablo Nieto, portavoz socialista, ha declarado al respecto que «Este caso es un buen ejemplo de como el gobierno del PP consideraba el Ayuntamiento una entidad de su exclusiva propiedad. Un lugar para colocar impunemente a amigos y simpatizantes, donde las virtudes de mérito y capacidad nada valían frente a la sumisión y la docilidad ante las imposiciones del ex alcalde».
