La petición de este informe se ha producido a partir de que el magistrado decidiera averiguar estos contratos tras un escrito presentado por el PSM en el que solicitaba al juez reclamar a la Comunidad y a los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, su facturación entre los años 2000 y 2009 con las empresas que conforman el Grupo.
El PSM expuso en su informe, la importante facturación cruzada detectada por los informes de la policía judicial entre las empresas del Grupo Correa y las del Grupo Rafael, tendría un objetivo de ocultación.