Emilio Fernández de Castro archivó en 2007 una querella contra el Ayuntamiento de Boadilla que concedió una parcela para construir 140 viviendas a la empresa UFC.
Dicha empresa es propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel. Su abogado, Ignacio Peláez, fue el que interpuso la querella que investiga el Tribunal Supremo contra Garzón por haber autorizado las escuchas en prisión de los abogados con sus clientes, presuntos cabecillas de la trama.
Emilio Fernández de Castro conoció presuntamente hace tres años las irregularidades urbanísticas que a posteriori ha destapado la investigación del caso Gürtel en Boadilla.
Según la Cadena Ser, en su momento redactó un auto para archivar una querella del grupo municipal Alternativa Por Boadilla contra la adjudicación a la empresa UFC de una parcela para construir 140 viviendas. Pero el tratar de archivarla no fue fácil, la votación fue ajustada, debido al voto a favor de continuar con la investigación de Antonio Pedreira, que actualmente investiga la rama principal del caso Gürtel.
Dicha empresa es propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel. Su abogado, Ignacio Peláez, fue el que interpuso la querella que investiga el Tribunal Supremo contra Garzón por haber autorizado las escuchas en prisión de los abogados con sus clientes, presuntos cabecillas de la trama.
Emilio Fernández de Castro conoció presuntamente hace tres años las irregularidades urbanísticas que a posteriori ha destapado la investigación del caso Gürtel en Boadilla.
Según la Cadena Ser, en su momento redactó un auto para archivar una querella del grupo municipal Alternativa Por Boadilla contra la adjudicación a la empresa UFC de una parcela para construir 140 viviendas. Pero el tratar de archivarla no fue fácil, la votación fue ajustada, debido al voto a favor de continuar con la investigación de Antonio Pedreira, que actualmente investiga la rama principal del caso Gürtel.
