El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha criticado la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Úbeda ha calificado esta Ley de “necesaria, pero que creo, humildemente, que ha llegado no sólo tarde, sino mal planteada”.
El regidor ha remitido una carta a la ministra Teresa Rivera en la que asevera que “como ya se advirtió en la tramitación de esta ley, han hecho una norma que conlleva dos impuestos que van a generar una presión fiscal de más de 1.500 millones. Tasas que, al final, van a tener que pagar los ciudadanos y sobre los cuales ustedes, además, no van a tener que dar la cara”.
Esta nueva Ley supondrá una mayor carga impositiva para los ciudadanos, ya que obliga a tener que implantar, por ejemplo, contenedores inteligentes.
Además, en su carta, el alcalde de la localidad advierte de que “el Consejo de Estado indicó que esta ley no contempla el impacto económico para las comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares, supone la ruina económica para las entidades locales por el gasto que implica las exigencias de esta”.
También denuncia Úbeda que en el caso de Boadilla “esta regulación va a suponer que, de un gasto de 5 millones de euros que realizamos al año en el servicio de recogida de residuos, vamos a pasar a gastar 8 millones en el mejor de los casos y 10 millones en el peor dado”.
Por último, el regido ha lanzado una serie de preguntas a la ministra: “¿De dónde vamos a sacar el dinero para introducir en nuestros presupuestos esta medida? ¿Qué gastos hemos de eliminar? ¿Las ayudas por nacimiento y manutención? ¿Las ayudas por la escolarización y conciliación? ¿Las ayudas por emergencia social? ¿La subvención de las terapias en nuestro centro de atención temprana y postemprana?”.
