Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel, ha enviado un escrito de conformidad al tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará la pieza denominada 'Ayuntamiento de Boadilla' en el que reconoce los hechos que le imputa el Ministerio Público en su escrito de acusación.
"Reconozco los hechos descritos en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y mi autoría y participación en los mismos", dice en una carta de reconocimiento fecha el 3 de marzo, añadiendo además que cobró comisiones por intermediar en adjudicaciones a constructoras.
En esa carta, señala también que se abre a ampliar en la medida de su conocimiento las cuestiones relatadas en el escrito de Anticorrupción tanto sobre actos en los que él haya tomado parte como de aquellos sobre los que posea conocimiento indirecto a través de otras personas.
Para Pablo Crespo la Fiscalía Anticorrupción solicitaba en su escrito --de 2016-- una pena de 64 años y siete meses de cárcel por esta pieza concreta. Con este paso, el considerado 'número dos' de la trama corrupta se suma así a las confesiones que en el marco de esa pieza han realizado en los últimos días tanto el cabecilla de la Gürtel Francisco Correa como el consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra.
"Deseo manifestar mi arrepentimiento sincero por mi actuación en los hechos que originaron este procedimiento (...), soy consciente asimismo del daño económico causado por los delitos cometidos y es mi deseo reparar dicho daño mediante mi colaboración con la Administración de Justicia (...) facilitando la transferencia de los fondos de mi propiedad que se encuentran en el extranjero", indica.
Además, recalca que efectivamente se daba una concertación entre él, Correa, el que fuera alcalde de Boadilla Arturo González Panero, el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad César Tomás Martín Morales y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor --que participó tras su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la vivienda (EMSV) en 2003--. Si bien apunta que no puede señalar a José Galeote a pesar de que le consta la buena relación que tenía con Correa.
Asimismo, reconoce que por orden de Correa emitió cuatro facturas desde Special Events contra la U.T.E. FCC/SUFI por un total de 84.818,46 euros "a sabiendas de que los servicios no eran reales y que el cobro de esas cantidades ocultaba una entrega de fondos de la citada U.T.E. en relación con una adjudicación en la cual había intermediado Correa".
También señala que es verdad que intermedió en la adjudicación para Constructora Hispánica de la obra del 'Parque del deporte y la salud' de Boadilla, y que el constructor Alfonso García-Pozuelo abonó una comisión de entre el 3 por ciento y el 4 por ciento del precio de adjudicación. Indica que él cobró por ello 120.000 euros.
En este sentido, también dice que es cierto el proceso por el que se adjudicó a UFC una parcela y que para encubrir la percepción de fondos "se emitieron facturas de contenido irreal a las sociedades de José Luis Ulibarri, también encausado, que era administradas por otro procesado Jacobo Gordon. De esa mordida reconoce haber recibido 90.000 mas IVA que cobró desde la mercantil CRESVA.
En esa misma sociedad reconoce que percibió 288.000 euros por intermediar en una adjudicación a Teconsa. Y añade que personalmente retiró en efectivo en la sede de esa constructora un millón de euros que posteriormente fue distribuido entre los miembros de la trama.
En este punto, destaca que Isabel Jordán ordenó pagar gastos del Partido Popular de Boadilla relativos a las elecciones municipales de 2007 con los fondos recibidos en esa operación por Easy Concept SL --120.000 euros facturados a CRESVA--.
Crespo da por bueno el relato de hechos de Fiscalía sobre contratos menores en Boadilla y que recibió fondos también en su cuenta en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la sociedad Mall Bussiness de la que es beneficiario.
Además, en el escrito de conformidad presentado por su defensa, se modifican las conclusiones provisionales para adherirse a las de la Fiscalía, y no se opone a la calificación jurídica de los hechos: delitos continuados de cohecho pasivo y activo, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.